Del 11 al 14 de septiembre se llevo a cabo el III Foro Social Mundial de las Migraciones cuyo lema fue: “Nuestras voces, nuestros derechos. Por un mundo sin muros”, y cuyo eje central de debate fueron las cuestiones que reclaman las organizaciones y asociaciones de inmigrantes en sus países de acogida: como el reconocimiento de la ciudadanía y los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que conllevan.

Mientras que más de 3000 mil persona se reunieron en este foro para alzar su voz de protesta y buscar soluciones a los problemas, últimamente los estados con mayor índice de recepción de migrantes están optando por políticas represivas en contra de estos, llevando el tema incluso al punto de une especie de criminalización, como es el caso de la Directiva de Retorno aprobada por la Unión Europea en el mes de junio del presente año.

Esta norma faculta a los Estados miembros a retener a los inmigrantes a la espera de expulsión, incluidos los menores, en centros de internamiento hasta un máximo de 18 meses, prohibiéndoles así mismo el retorno a la Unión Europea durante un periodo de 5 años luego de su expulsión. ¿Demuestra pues esta norma adoptada algún signo de progreso?, o por el contrario ¿un retroceso y falta de respeto a tratados y convenios suscritos como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿Hasta qué punto puede un Estado considerar como criminales a personas que dejaron sus hogares con la intención de conseguir  una mejora de vida?

Quizás algunos jefes de estado, autoridades o ciudadanos consideren, que puede funcionar como un remedio para frenar la migración ilegal y así evitar que las personas se expongan a lesionar sus derechos, pero deberían preguntarse si ¿realmente la supuesta cura no es peor que la enfermedad? Quizás alguno de ellos no tuvo nunca trato directo con algún migrante que haya sufrido en carne propia las consecuencias de una detención por encontrarse en condición de ilegal, o nunca se puso a pensar si hay derecho a restringir la libertad de estas personas por un largo periodo, lesionando sus derechos consecuentemente.

En más de una ocasión tuve la triste oportunidad de recibir a personas deportadas por haberse encontrado en condición de ilegal, personas que al igual que nosotros tenían un hogar, una familia, una vida y se vieron obligadas a dejar todo y a regresar sin nada y donde nadie. Y quizás esta era una de las condiciones menos dolorosas en la que arribaban al lugar que las vio nacer.

En una ocasión, fue deportada de una de las Guyanas una muchachita Peruana que no llegaba a los 25 años. La muchacha llego nerviosa, temblando y llorando, la recibimos y le dimos una bebida. Ella no podía casi ni hablar, cayó como en un estado de shock, poco a poco fue conversando con la supervisora del turno y se puso a llorar contándonos como había sido víctima de violación, maltratos físicos y psicológicos y había sido despojada de sus pertenencias, había intentado hacer una vida en ese país y después de 4 años le sucedía eso. Su relato fue tan duro que nos hizo llorar.

Todos nos preguntamos, ¿cómo puede ser que mientras nosotros propiciamos una política de acogida al turismo y al inmigrante, a nuestros compatriotas se les pueda tratar de esa manera? ¿cómo puede ser que cada día mientras algunos países buscan integrarse y eliminar barreras aprobando convenios de tránsito, otros no sólo construyen muros externos sino que colocan barreras normativas e incluso lesivas a los derechos humanos?

Nosotros no pudimos hacer nada más que consolarla y llamar a su familia para que fuera a buscarla.

Lamentablemente no existen disposiciones (al menos no en mi país) que puedan facultar a las autoridades migratorias, que toman conocimiento de estos casos, a denunciarlos ante un Organismo competente para que este pueda abogar por el respeto a la normatividad Internacional, sobre todo la relativa a los  Derechos Humanos, buscándose de alguna manera que este tipo de hechos no queden impunes.

Luchemos porque no se aprueben más Directivas de retorno ni normas que faculten la existencia de situaciones de restricción de libertad donde se pueda vulnerar los Derechos de los inmigrantes que sólo buscan una mejor vida para ellos y para sus familias.

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El proceso de la globalización significa que la aplicación de políticas sociales y económicas no debe depender fuertemente de los gobiernos de los estados miembros.

Es decir, que debe depender más del compromiso de las entidades corporativas internacionales y la voluntad de las personas en mejorar los derechos básicos de los seres e incrementar las garantías económicas de los ciudadanos.

Esta globalización ayuda a la creación de una nueva sociedad sin exclusión social ni desintegración familiar, y gozar así de un mundo mejor, un mundo que no valora las personas por su origen, raza, tradiciones…., sino simplemente por ser personas que merecen una vida digna y respetable, vengan de donde vengan.

Laila Chiadmi

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